Un juez federal en Miami dejó sin efecto el veredicto de un jurado que había ordenado a Expedia, Hotels.com y Orbitz pagar 29.85 millones de dólares por “traficar” con propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada al poder de Fidel castro en 1959.
En una resolución, recogida por el portal Cubatrade, el magistrado Federico A. Moreno reconoció la complejidad y el costo del litigio, pero concluyó que las compañías cumplieron con el espíritu de la ley al detener las reservas hacia hoteles ubicados en terrenos reclamados por los demandantes dentro del plazo de 30 días que establece el Título III de la Ley Helms-Burton.
“Quizás ahora comprendamos mejor por qué presidentes de ambos partidos suspendieron provisionalmente el Título III”, escribió Moreno, aludiendo a la decisión de Donald Trump en 2019 de activar esta disposición, congelada desde su promulgación en 1996.
Lo que fue celebrado como un triunfo histórico de los exiliados cubanos frente a las grandes corporaciones terminó en un revés judicial.
La demanda fue presentada por Mario Echevarría y otros descendientes de familias cubanas cuyos terrenos en la costa norte de Matanzas fueron confiscados sin compensación. Según la acusación, Expedia y sus filiales facilitaron reservas en hoteles levantados sobre esas propiedades, lucrando con un bien expropiado en violación de la Helms-Burton.
En abril de 2025, tras semanas de juicio, un jurado en Miami otorgó a los demandantes la primera victoria en la historia de esta ley, fijando la indemnización en casi treinta millones de dólares. La decisión fue celebrada como un precedente que podía abrir la puerta a decenas de casos similares.
Sin embargo, el juez Moreno consideró que, aunque no hubo compensación, el objetivo del Congreso al aprobar la ley en 1996 sí se cumplió: los demandados cesaron su actividad tras recibir la notificación. De esa manera, anuló el veredicto y dictó sentencia a favor de Expedia Group, Inc., Hotels.com GP, LLC, Hotels.com L.P. y Orbitz, LLC.
El fallo representa un duro golpe para los demandantes, que ya anticiparon que apelarán. Al mismo tiempo, la decisión deja sobre la mesa la tensión política que rodea a esta ley: para los exiliados, es una herramienta de justicia; para las empresas, un riesgo legal de operar en Cuba; y para Washington, un dilema diplomático que involucra a terceros países.
El Título III fue activado por la administración Trump en 2019, en el marco de una política de máxima presión contra La Habana. Desde entonces, decenas de demandas han sido presentadas en Florida contra navieras, aerolíneas y cadenas hoteleras. El caso de Mario Echevarría contra Expedia fue el primero en llegar a juicio con jurado.
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